El pasado 25 de enero, 587 concesiones mineras fueron revocadas y revertidas al Estado por el Ministerio de Minas y Petróleos del Ecuador. La resolución fue tomada a causa del incumplimiento, por parte de las empresas mineras, del pago anual de los derechos de conservación (1 a 16$ por hectárea). Entre las concesiones revocadas se pueden contar dos pertenecientes al proyecto minero de Junín (Intag), propiedad de Ascendant Copper Corporation, las cuales están al origen de un conflicto que desde 2002 opone la dicha empresa a la población local.
Dos días más tarde, el Ministerio de Minas oficializo su decisión de revisar todas las concesiones otorgadas en el país (4112). Así, podrán ser anuladas todas las concesiones que, durante la fase de exploración, no hayan, al 31 diciembre 2007, realizado ninguna inversión, asi como las que no han pagado las patentes de conservación además de las que se encuentran en áreas protegidas. Con esta medida el Gobierno inicia un proceso de reestructuración del sector que incluirá la revisión de la legislación minera, con el objeto de aumentar el control del Estado sobre la minería. Leer mas
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