Este Tribunal responde al llamado de las comunidades, pueblos y organizaciones sociales y no gubernamentales del Ecuador, que debido a la lucha por sus derechos colectivos y los de la naturaleza han sido víctimas por una práctica cada vez más extendida de criminalización y judicialización, alentada por empresas nacionales y transnacionales -particularmente del sector extractivo-, y ejecutada por diferentes autoridades judiciales, policiales, militares y administrativas, así como fuerzas de seguridad privada. 

Somos hereditarios de las experiencias de los Tribunales de Opinión, de los Tribunales de los Pueblos, de las  Comisiones Éticas y de la Verdad y de todas aquellas iniciativas que apelan a la conciencia de la humanidad para juzgar las acciones y omisiones que los Estados, las Empresas y otros agentes privados realizan deliberadamente para quebrantar y contener la legítima reclamación de los derechos humanos y de la naturaleza y que dadas las limitaciones de los sistemas jurídicos nacionales e internacionales, permanecen en la impunidad.