Revocatoria de 587 concesiones mineras en Ecuador : una esperanza para las regiones opuestas a la minería

Mar, 05/02/2008 - 12:49 — ALDEAH

El pasado 25 de enero, 587 concesiones mineras fueron revocadas y revertidas al Estado por el Ministerio de Minas y Petróleos del Ecuador. La resolución fue tomada a causa del incumplimiento, por parte de las empresas mineras, del pago anual de los derechos de conservación (1 a 16$ por hectárea). Entre las concesiones revocadas se pueden contar dos pertenecientes al proyecto minero de Junín (Intag), propiedad de Ascendant Copper Corporation, las cuales están al origen de un conflicto que desde 2002 opone la dicha empresa a la población local.

Dos días más tarde, el Ministerio de Minas oficializo su decisión de revisar todas las concesiones otorgadas en el país (4112). Así, podrán ser anuladas todas las concesiones que, durante la fase de exploración, no hayan, al 31 diciembre 2007, realizado ninguna inversión, asi como las que no han pagado las patentes de conservación además de las que se encuentran en áreas protegidas. Con esta medida el Gobierno inicia un proceso de reestructuración del sector que incluirá la revisión de la legislación minera, con el objeto de aumentar el control del Estado sobre la minería.

Aunque el Ministro de Minas, el Señor Galo Chiriboga, declare que "esta no es una acción contra la actividad minera, sino contra las malas prácticas administrativas", la revisión de la totalidad de las concesiones mineras, es de por si, una victoria para las asociaciones ambientalistas y las áreas afectadas por la industria minera. Tanto más cuanto que durante un año, periodo previsto para repeccionar eventuales quejas, no se otorgará ningún nuevo permiso, y un dialogo sobre la conveniencia de la minería a gran escala debería ser iniciado.

El 24 de enero, más de 500 representantes de de las diferentes regiones afectadas por las industrias “extractivas” en su más amplio sentido (minería e industria petrolera, hidroeléctricas, agroindustria y camaroneras) se desplazaron a Montecristi, sede de la Asamblea constituyente, con el objeto de presentar la propuesta para una nueva Constitucion de la Asamblea Nacional Ambiental (A.N.A.). Esta propuesta es el resultado de tres años de trabajo de la A.N.A, formada en 2005 por las varias organizaciones y redes ambientalistas del Ecuador. Los miembros de la A.N.A consideran que la nueva Constitución debe principalmente garantizar los derechos de los pueblos y la conservación de los recursos naturales para el beneficio de las poblaciones locales y se pronuncia en pro del abandono de todos los proyectos mineros a grande y mediana escala en el país.

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