El pasado 25 de enero, 587 concesiones mineras fueron revocadas y revertidas al Estado por el Ministerio de Minas y Petróleos del Ecuador. La resolución fue tomada a causa del incumplimiento, por parte de las empresas mineras, del pago anual de los derechos de conservación (1 a 16$ por hectárea). Entre las concesiones revocadas se pueden contar dos pertenecientes al proyecto minero de Junín (Intag), propiedad de Ascendant Copper Corporation, las cuales están al origen de un conflicto que desde 2002 opone la dicha empresa a la población local.

Dos días más tarde, el Ministerio de Minas oficializo su decisión de revisar todas las concesiones otorgadas en el país (4112). Así, podrán ser anuladas todas las concesiones que, durante la fase de exploración, no hayan, al 31 diciembre 2007, realizado ninguna inversión, asi como las que no han pagado las patentes de conservación además de las que se encuentran en áreas protegidas. Con esta medida el Gobierno inicia un proceso de reestructuración del sector que incluirá la revisión de la legislación minera, con el objeto de aumentar el control del Estado sobre la minería.

Como por todas partes en América Latina, los años noventa han sido clasificados por Perú bajo el signo de las políticas de liberalización y de privatización que tuvieran por meta el atraer las inversiones extranjeras. La industria minera es entonces considerada como uno de los principales instrumentos de desarrollo económico del país.

En 1999, la empresa minera canadiense Manhattan Minerals Corporation obtiene los derechos de explotación por concesiones de oro en el distrito de Tambogrande (región de Piura), en el norte del país. La población de esta zona (70 mil habitantes, 60 mil hectáreas aproximadamente) la ha transformado, desde la década de 1950, en un oasis en medio del desierto costero peruano. Hoy, ella vive principalmente de la agricultura y no piensa abandonar sus tierras y aceptar la destrucción de su modo de vida.

El 16 de septiembre de 2007, 18 mil campesinos, aproximadamente, participan en el referéndum regional sobre el proyecto de explotación de una mina de cobre a cielo abierto por parte de la empresa china Majaz. El resultado: 90% de la población lo rechaza. Este referéndum fue organizado por los municipios de los distritos de Carmen de la Frontera, Ayabaca y Pacaipampa, situados en la zona agrícola de la región de Piura, cerca de la frontera con Ecuador.

En mayo de 2003 se abre en Ecuador el "proceso medio ambiental del siglo" contra la compañía petrolera estadounidense Chevron-Texaco. Una docena de comunidades sufren, hasta esos días, las consecuencias de la contaminación generada por las actividades de la empresa petrolera en la selva amazónica. En 28 años de presencia, Texaco ha contaminado una vasta zona del territorio nacional, arrojando desechos tóxicos y "aguas de formación" (aguas utilizadas en el proceso de explotación petrolera) en los esteros de los ríos utilizados por más de 30 000 personas como fuente de agua potable, de irrigación y de pesca. La contaminación a gran escala de aguas y suelos tiene consecuencias catastróficas para la salud de las poblaciones de la zona, donde las tasas registradas de cáncer, leucemia, problemas digestivos y respiratorios son sensiblemente superiores a las del resto del país. Muchas personas han debido abandonar sus tierras; quienes permanecen, no tienen otra opción que consumir un agua con sabor a petróleo y cultivar tierras envenenadas.

Esquel (Chubut) es una ciudad de la Patagonia argentina amenazada por la construcción de una mina de oro muy próxima a ella (6 km). En marzo de 2003, el 81% de su población se pronuncia en contra el proyecto minero que maneja la empresa transnacional Meridian Gold.