“Toda la historia del petróleo está repleta de criminalidad, corrupción, el crudo ejercicio del poder y lo peor del capitalismo de frontera”. Michael J. Watts (1999) [2]
Resulta difícil entender cómo un gobierno popular, que se precia de revolucionario y que asume la defensa de los intereses populares, puede reprimir violentamente a sectores populares que reclaman sus derechos. Eso acaba de suceder en Bolivia. El gobierno del presidente Evo Morales, haciendo caso omiso a los reiterados pedidos para que abra el diálogo con los pobladores del Territorio y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), optó por la represión.
Desplegando una inusitada violencia policial se trató de disolver una marcha de pueblos indígenas, que defienden sus derechos y la Constitución de su país. Con su acción pacífica, estos grupos se oponen a la construcción de una carretera, financiada por capitales brasileros, que atravesaría el TIPNIS para facilitar la explotación de yacimientos petroleros. Y, de paso, ellos ponen en evidencia las contradicciones de su gobierno.
La indignación y la frustración se expanden cual círculos concéntricos por Bolivia y el mundo. Adolfo Chávez, dirigente indígena boliviano, no podía expresar de mejor manera su malestar: “Los pueblos indígenas de todo el país nos encontramos indignados y profundamente dolidos por el accionar del gobierno. Este gobierno nos prometió un cambio: respetar los derechos indígenas, respetar a la madre tierra, respetar nuestra cultura, respetar nuestra autodeterminación”.