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Movimientos Socio–Ambientales en América Latina: Territorios, ecosistemas y culturas

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Fuente del artículo de prensa
Autor del artículo de prensa: 
Anna Bednik. Traducción para ALDEAH : Palmyra Montiel y Cecilia Franco
Fecha de publicación: 
Lunes, 1 Noviembre, 2010
Bolivia, Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, abril de 2010. Mientras que las 17 mesas de trabajo analizan las “causas estructurales y sistémicas” del cambio climático y elaboran estrategias para defender “la vida y los Derechos de la Madre Tierra”, la Mesa 18, convocada por organizaciones indígenas y ambientalistas fuera del programa oficial, debate sobre los conflictos socio–ambientales locales y denuncia, entre otros, la actitud del gobierno en materia de política minera y la construcción de represas en el Río Madeira. Esta contradicción revela las tensiones, difíciles de ignorar, que atraviesan hoy todos los países de América Latina, desde los regímenes más neoliberales hasta los más progresistas.

Explotaciones mineras y petroleras, grandes represas hidroeléctricas, monocultivos agrícolas y forestales, criaderos industriales, concesiones marinas... Hoy, las cuestiones relativas a los impactos ambientales y sociales de las industrias “extractivas” [1], así como la necesidad de repensar la relación entre humanidad y naturaleza se han vuelto ineludibles: debatidas en reuniones internacionales, integradas en el discurso de numerosos movimientos sociales y políticos, las encontramos hasta en nuevas constituciones, en particular en la de Ecuador, que reconoce derechos a la Naturaleza. Si esta relativa “ecologización” del debate político actual se inscribe dentro de una tendencia y de un contexto propios a nuestra época (crisis “climática” o “ecológica”, evidencia de la no perennidad de los “recursos naturales”, etc.), es también el resultado de largos años de resistencia de una multitud de movimientos locales en defensa de sus territorios, sus medios y formas de vida, contra los proyectos extractivos.

Estas tensiones no son nuevas. Los países de América Latina cumplen el “papel” de reserva de materias primas desde la época colonial y, más bien, las tensiones se han incrementado considerablemente desde que las políticas de liberalización iniciadas en los años 90 fueron puestas en ejecución y los avances de los proyectos de extracción de materias primas y de energía alcanzaron niveles sin precedentes: más de la mitad del territorio peruano ha sido otorgado en concesión a empresas mineras, petroleras, forestales y agrícolas; más de 600 proyectos mineros están poniéndose en marcha en Argentina; un tratado bilateral cede a empresas mineras cerca de 550 000 km² a lo largo de toda la cordillera andina entre Chile y Argentina; centenas de miles de hectáreas se inundaron y un número aún más grande de personas fue desplazado para la construcción de grandes represas en Brasil; se cultivaron 3 millones de hectáreas de soja transgénica en Paraguay y 18 millones en Argentina; y éstos son solamente algunos ejemplos. Ante estas situaciones de emergencia, se libran incontables batallas contra las empresas –extranjeras, pero también nacionales– y contra los Estados que avalan las actividades de estas empresas, bien sea de manera forzada o voluntaria.

La mayor parte de estos movimientos “socio–ambientales”, formados en su mayoría por sectores campesinos e indígenas, pero también (principalmente en el Cono Sur), por poblaciones urbanas, peri–urbanas y neo–rurales –se consolidan y actúan en alianza con universidades, juristas, facciones progresistas de la Iglesia y algunas ONG. Éstos últimos actores facilitan principalmente el acceso a la información – tanto sobre los impactos de las industrias extractivas como sobre las resistencias y sus pocas pero posibles victorias – y ayudan a su difusión; aspectos cruciales para el avance de estas luchas, caracterizadas por una extrema asimetría de fuerzas.

La Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA) en México; la Asamblea Nacional Ambiental de los Pueblos, Nacionalidades y Organizaciones Sociales del Ecuador (ANA); la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) en Argentina; redes temáticas anti–minería (REMA en México, Red Colombiana frente a la gran minería transnacional, CONACAMI [2] en Perú, red de acción contra Vale do Rio Doce en Brasil), contra las represas (MAB en Brasil), en defensa de los manglares (C–condem y Red Manglar Internacional en Ecuador y en América Latina), etcétera, son algunas de las articulaciones nacionales y regionales de estos movimientos, que organizan intercambios de información, de experiencias y de ideas.

Los movimientos, asambleas y organizaciones “socio–ambientales” denuncian la destrucción de ecosistemas, las consecuencias de la contaminación para la salud, la privatización de territorios, la desestructuración del tejido social. Defienden el agua y sus medios de subsistencia, sus culturas y actividades tradicionales (agricultura familiar, pesca tradicional...) y construyen sus propias maneras de concebir la vida en armonía con la naturaleza.

Si podemos calificar estos movimientos de ecologistas (lo que ellos mismos no hacen necesariamente), es por su visión integral –ecología como “conocimiento del hogar”– muy diferente del enfoque conservacionista [3]. Los territorios, los ecosistemas y las culturas que encontramos en el centro de estas luchas son indisociables. Se construyen y se modifican mutuamente, moldeando las identidades de un lugar y de un grupo humano, valores mismos que son defendidos, antes que nada, frente a todo proyecto predador y uniformizador.

Aún siendo atravesados por distintas influencias políticas e ideológicas, la mayoría de estos movimientos no se afilian a una sola concepción del mundo y tampoco buscan una organización centralizada. Muchos de ellos desconfían de los partidos políticos y de las grandes ONG, aunque la interacción con este tipo de actores es difícil de evitar por completo. Así, la ANAA en México se define como una “asamblea de comunidades”, en la cual los partidos son proscritos y las ONG participan sólo en calidad de observadores, y la UAC en Argentina prohíbe a sus participantes manifestar alguna pertenencia partidista.

Al reivindicar su derecho a la diferencia y a la autodeterminación, al mismo tiempo que proyectan una vida en armonía con su entorno natural, los movimientos socio-ambientales se unen a una gran mayoría de movimientos indígenas con quienes comparten numerosas luchas. Juntos se oponen no solamente al sistema capitalista sino, más ampliamente, a la hegemonía del utilitarismo productivista. También cuestionan la concepción histórica de justicia social redistributiva, para la cual el crecimiento de la producción –y en América Latina esto equivale al crecimiento de la extracción de los recursos naturales– es indispensable para poder imaginar todo tipo de cambio social y de “desarrollo para todos”.

Si una parte de estos movimientos denuncian el saqueo de las riquezas nacionales por empresas extranjeras, algunos se interrogan también acerca de los objetivos de proyectos nacionales de extracción de materias primas y de producción de energía preguntándose: “¿Para qué y para quién?” Por ejemplo, el MAB [4] nos dice que si Brasil sigue construyendo nuevas represas hidroeléctricas, puesto que su capacidad actual de producción de energía es suficiente para el conjunto de la población, es más bien para alimentar las empresas mineras y los polos industriales. Otros demuestran que los proyectos extractivos no traen el “desarrollo” prometido a las poblaciones locales y afirman que, aún en la hipótesis de una distribución más justa de los ingresos que éstos aportan a los Estados, un “desarrollo” a costa de la destrucción de las bases de la vida –agua, tierra, semillas– etcétera, no es deseable por  quienes se ven obligados a pagar las consecuencias. Otros más cuestionan hasta la propia idea de “desarrollo” como un objetivo viable y válido [5].

Aunque no todos rompen con la lógica del mercado, muchos de estos movimientos construyen experiencias alternativas, centradas en la autosuficiencia y la soberanía alimentaria, la construcción y la revalorización de saberes propios, el ejercicio de la democracia directa y horizontal dentro de la organización del territorio y de las resistencias.

Por muy modestas y periféricas que puedan parecer estas experiencias, son laboratorios de reflexión y de acción frente a la complejidad, o incluso la imposibilidad, para una “solución global”, de lograr conciliar el objetivo de “desarrollo”, el mantenimiento de nuestro metabolismo social hipertrofiado (lo cual siempre se hace en detrimento de los menos poderosos) y la preservación de espacios de vida en acuerdo con las visiones de quienes allí residen. De ser así, es esencial reflexionar sobre las posibles articulaciones entre quienes, de los dos lados del Atlántico, avanzan en la construcción de caminos alternativos – como lo pueden ser el “buen vivir” [6] o el “descrecimiento” –, modestos y limitados, cierto, pero que no le dan la espalda a esta complejidad.

Por Anna Bednik (FAL y ALDEAH)
Traducción para ALDEAH : Palmyra Montiel y Cecilia Franco


Texto original publicado en el FAL Magazine-Hors Série "40 ans de solidarités et de résistances": “40 años de solidaridad y de resistencia”. Noviembre 2011, Francia.

Fuente del texto en castellano: www.aldeah.org

Notas:

[1] Las “industrias extractivas” en su más amplio sentido se refieren a todas las actividades de explotación de un recurso natural a escala industrial.
[2] Hoy, la CONACAMI, Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería, se define como una organización indígena.
[3] Ecología de los parques naturales: proteger la naturaleza del humano.
[4] Movimento dos Atingidos por Barragens
[5] Sobre las críticas al desarrollo: Anna Bednik, “¿Qué ‘descrecimientos’ para América Latina?”, en Entropia 9, septiembre 2010
[6] Sobre el “buen vivir”: Raúl Zibechi, “El ‘Buen Vivir’ como ‘otro mundo posible’” en Entropia 9, septiembre 2010

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