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La zona, denominada Valle de Amador Hernández, abrió el camino a la salud oficial en el 2007. La salud del Estado llegó con una mano un día diez de mayo (día de las madres) a la zona, 48 horas después de haber decretado con la otra la expropiación de diversos polígonos en tierras aledañas (agresión de la cual los habitantes de la zona no tuvieron conocimiento sino hasta varios meses después). Médicos, medicinas, equipo y 8 vuelos mensuales redondos para los enfermos graves fue lo ofrecido y pactado entonces.

Un año después, en el marco de la desatada defensa del territorio y oposición al decreto expropiatorio, las comunidades de la zona iniciarían un consistente proceso de construcción de su medicina alternativa cuyos insumos obtienen a partir de la abundante biodiversidad local. La realización de un foro amplio de salud autogestiva convocado por esa “consentida” zona (en octubre del 2009), condujo a que días después el gobierno decidiera cambiar de estrategia (de zanahoria a garrote) sustituyendo al jefe de los servicios públicos de salud (Cecilio Culebro) por otro más ojete (Víctor Jara Astorga) que, meses después, a partir del mes de marzo del 2010, operaría el retiro callado y etnocida de todos los servicios de salud de la zona, incluido el transporte aéreo.

Un mes después de comenzar ese retiro, en abril del 2010, las comunidades de la zona se movilizarían en contra de la reiniciada (de manera furtiva) brecha lacandona trasladándose una centena de sus pobladores a la comunidad Benito Juárez Miramar para impedir, desde el último punto de avance (en el poblado Ojo de Agua la Pimienta), el paso de la colindancia. Desde entonces, los trabajos de brecheo permanecen suspendidos por el gobierno.

Luego vendría la respuesta organizada. La alerta global lanzada por la zona en el mes de abril de este año denunciando el primer año del etnocidio sanitario condujo al gobierno a cesar, semanas después, al responsable de la salud para la selva, no sin antes convalecer su contrainsurgente titular durante un mes (mayo) en un hospital a causa de una colitis aguda (literalmente se le torcieron los intestinos por el coraje). En junio, para mostrar que no había tal retiro de servicios y para “enfriar” las alertas, el gobierno nombra a un nuevo jefe jurisdiccional (Angel Gabriel Ocampo) y reestablece parcial y precariamente el servicio de salud (suministrando medicinas para un mes y enviando a una enfermera, no a un médico). Pero antes de concluir julio la enfermera es retirada de la zona y las medicinas, para entonces, ya habían sido consumidas.

Al día de hoy (19 de diciembre 2011) las comunidades indígenas de la zona que se oponen al paso de la brecha lacandona y mantienen vivo el proceso de avanzar en una medicina alternativa basada en el manejo colectivo de su biodiversidad local, carecen desde el mes de julio del servicio público de salud.

Pero a diferencia de lo padecido el año pasado y principios de este cuando el súbito abandono gubernamental multiplicó la morbilidad en la zona y produjo algunos decesos por la desatención de los casos graves, esta vez la salud de la población se ha recuperado y mantiene niveles, incluso mejores, al promedio de los mantenidos por aquellas comunidades dentro de la REBIMA que sí cuentan con el servicio público o, dicho de otro modo, que sí permiten el paso de la brecha y no están construyendo una salud propia.

Tres jefes de jurisdicción sanitaria (para la selva) han pasado desde que en el valle de Amador Hernández se abrió el camino a la salud oficial, y los tres han sido seleccionados por su capacidad de usar la salud en servicio de los planes oficiales de ocupación y control de esos codiciados territorios indígenas, el primero para pactar ofrecimientos extraordinarios mientras el Estado mexicano expropiaba tierras vecinas, y los dos mercenarios siguientes para castigar con el sufrimiento físico la “ingrata” disidencia de los organizados. Pero en los tres casos el régimen ha fracasado en su meta de hacer rendir la memoria y su futuro.

Para el poder los pobres nunca serán una opción y si colectivos nunca un estatus social a tolerar. Hoy el horizonte augura presagios. Pero mientras abrazados se tambalean de borrachos en algún salón cerrado al público en la capital del estado el dipsómano gobernador de Chiapas Juan Sabines y el sobornable representante de la ONU en México Magdy Martínez-Solaimán, las comunidades indígenas preparan su futuro y curten su resistencia con la hiel que el Estado mexicano les envía en respuesta a su disidencia.

La estructura del servicio comunitario de la salud autogestiva de esos pueblos y la de quienes la proporcionan no es, como la oficial, pagada. Significa entonces que puede sobrevivir, que tendrá alguna oportunidad.

Hasta la próxima.

Los compitchs, que les desean fraternos nacimientos y desafiantes renacimientos

Chiapas, México, a 19 de diciembre del 2011