Alternativas al desarrollo extractivista y antropocéntrico

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A inicios del siglo XX fue la época de la “fiebre del caucho” en el Perú,  el boom de la extracción de la goma natural destinada a las industrias europeas y norteamericanas, para fabricar máquinas y carros. La economía del caucho instauró un asombroso sistema de terror en la Amazonía, cuyos pilares fueron la esclavitud y la tortura de millares de trabajadores indígenas. Poblaciones enteras fueron aniquiladas para el desarrollo de la industria occidental: solamente en el valle del Putumayo, entre Perú, Brasil y Colombia, murieron 40.000 trabajadores indígenas bajo el hambre, la fatiga, las torturas, las enfermedades, o directamente ejecutados por sus patrones [1].

En épocas sucesivas, la Amazonía fue vista por el gobierno peruano como un espacio vacío por colonizar. Entre los años ’60 y ’80, el Estado impulsó la migración masiva de campesinos pobres de otras regiones hacia la selva, bajo el lema “tierra sin gente para gente sin tierra”. Considerados salvajes e improductivos, casi animales, los pobladores indígenas fueron desplazados de sus tierras por medio de la violencia o insertados de manera forzosa en la agroindustria. En estos años nacieron las primeras “federaciones étnicas” en Perú, con el objetivo principal de defender las vidas de sus pueblos y sus tierras de la colonización agrícola. Estas federaciones, aliadas en muchos casos con organizaciones internacionales del medio-ambiente, lograron un reconocimiento oficial, aunque parcial, de las tierras indígenas. Entre los años ’70 y ’90, se crearon las “comunidades nativas”,  entidades territoriales y políticas reconocidas constitucionalmente, donde la tierra y los recursos son manejados de manera colectiva por los habitantes. Si bien esto no impidió la expansión agro-capitalista en la Amazonía (coca, café, plátano y más recientemente palmas aceiteras para  la producción de agro-combustibles) y la deforestación por la extracción de madera para el mercado internacional. 

Desde los años 90, dos actividades tienen gran impacto en la vida de las sociedades indígenas de la Amazonía peruana: la explotación de hidrocarburos y la minería aurífera. El carácter agresivo de estas industrias se expresa, por un lado, con el continuo e intenso desplazamiento de trabajadores y maquinaria pesada, lo que implica deforestación (campamentos, helipuertos, trochas, zonas de perforación, línea sísmicas) y perturbación social y, por otro, en su enorme capacidad contaminante, a causa del vertimiento de aguas de formación, de elevada temperatura y con alto contenido de metales pesados, a ríos, cochas y quebradas, o, en el caso de la minería, por la liberación de mercurio en la atmosfera y en los ríos. Podemos mencionar el caso de las actividades petroleras en el Río Corrientes, en la región de Loreto, donde los derrames de petróleo, la descarga de aguas del subsuelo, la abertura de carreteras y la construcción de helipuertos y el uso de explosivos han contaminado y devastado un ambiente que en un tiempo era sano e intacto. La población Achuar, que habita la cuenca del Corrientes desde tiempos inmemorables, está sufriendo las consecuencias de todo esto: el 92% de los niños con metales pesados en la sangre, aparición de nuevas enfermedades y plagas, extinción de la fauna, incapacidad de subsistencia y dependencia del mercado. Actualmente, la casi totalidad del territorio amazónico peruano está concesionado a alguna empresa petrolera o minera para la exploración  y la explotación de recursos. Obviamente sin mínimamente consultar a las poblaciones de estos territorios.

En este escenario, en los últimos 10 años se han multiplicado, en todo el Perú, las resistencias a las empresas transnacionales del petróleo y del oro, a los proyectos de grandes hidroeléctricas, mega-carreteras y a las plantaciones de palmas aceiteras para agro-combustibles. Cuando, en el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el gobierno peruano quiso modificar la legislación sobre las tierras indígenas para favorecer la inversión privada, tuvo que enfrentarse con una inesperada y aguerrida resistencia. El primer “paro amazónico” comenzó en agosto de 2008: miles de manifestantes indígenas se concentraron en zonas estratégicas solicitando al Gobierno su plataforma reivindicativa, hasta que después de 10 días de protesta, el Congreso peruano se vio obligado a derogar los decretos legislativos criticados.

En abril de 2009, frente a la falta de cumplimiento por parte del gobierno de los acuerdos tomados el año anterior, las federaciones étnicas de la Amazonía declaran el inicio del “segundo paro amazónico”: la protesta y la represión se volvieron aún más duras. Toda la economía regional fue paralizada por la resistencia por casi dos meses, hasta que, el 5 de junio de 2009, intervino el ejército con fusiles AKM, tanques de guerra y helicópteros para desalojar a los manifestantes en la región de Bagua. Se desencadenó un escenario de guerra: según las versiones oficiales, 23 policías y 10 civiles murieron en los enfrentamientos de Bagua, aunque probablemente las víctimas entre los manifestantes fueron muchas más. Los indígenas fueron presentados por los medios de comunicación como salvajes primitivos que se oponen al desarrollo y la modernidad, violentos, sanguinarios y, sin duda, manipulados por agentes externos.

Desde 2009, la situación se ha vuelto aún más turbia. Un nuevo gobierno, que como todos los anteriores se presentó en su campaña electoral como paladino de los campesinos y de los más pobres, es hoy el garante de los intereses de las empresas mineras, enviando el ejército cada vez que las poblaciones se oponen a los proyectos en sus territorios (cinco manifestantes han muerto ya en las protestas contra el proyecto de una grande transnacional minera en la región andina de Cajamarca – el proyecto minero Conga). Se promovió una “Ley de Consulta” que, lejos de garantizar la voluntad de las poblaciones sobre su territorio, sirve a legitimar la presencia de las empresas. Los dirigentes de AIDESEP, la más grande organización indígena amazónica a nivel nacional, firmaron un acuerdo con la empresa petrolera Petrobras, donde la organización indígena se compromete a garantizar la tranquilidad de los trabajos de la empresa a cambio de dinero, haciéndose mediadora en los conflictos entre comunidades y privados. Muchos de los nuevos “políticos indígenas”, que hace cuatro años se proclamaban defensores de la tierra, hoy afirman que las empresas petroleras y mineras pueden contribuir al desarrollo de las comunidades. Y mientras ellos se llenan los bolsillos de plata, sus comunidades siguen luchando para no ser aplastadas por el desarrollo capitalista.

Cuatro años después del Baguazo, tres manifestantes de la etnia Awajún siguen detenidos, después de haber sido torturados por la policía, por ser  acusados de tener armas de fuego durante las protestas. El 24 enero de este año (2013), la Fiscalía de Bagua, ha pedido que se sancione, hasta con cadena perpetua, a un grupo de 53 líderes y manifestantes por los mismos hechos de 2009.

Las protestas amazónicas fueron un buen ejemplo de cómo es posible resistir al Estado y al capitalismo. Tanto sus métodos (auto-organización desde las bases, paralización de la economía por largos periodos, autodefensa frente a la represión) como en sus objetivos (respeto de las autonomías locales, defensa de la propiedad colectiva de la tierra y oposición al saqueo la naturaleza) me parecen interesantes para el movimiento libertario y ecologista a nivel internacional. Al mismo tiempo, la deriva de algunos dirigentes indígenas, que se acercaron cada vez más a la política, al business de la cooperación y, finalmente, a las empresas privadas, es un signo bien claro de cómo la delegación y la burocratización de las luchas, permite su absorción por parte del Poder. Es el caso de los profetas de la pachamama en el capitalismo internacional, hábiles manipuladores de un discurso que nace desde abajo y que se vuelve herramienta de escaladas políticas e ingentes ganancias. Estos “líderes”, definitivamente apartados de sus comunidades, traicionan a sus hermanos asesinados en las calles o torturados en las prisiones cotidianamente. Desde el otro lado del mundo, podemos demostrar con fuerza nuestra solidaridad hacia las resistencias que sacuden a Latinoamérica, desde México hasta Chile, y no solamente con las palabras. Al mismo tiempo, evitemos caer en las trampas del exotismo, idealizaciones estereotipadas de líderes indígenas aparentemente revolucionarios, que realmente no son tan diferentes de cualquier politiquero.  

Notas : 

[1] 1913, Hardenburg W.E., "The Putumayo, the devil's paradise; travels in the Peruvian Amazon region and an account of the atrocities committed upon the Indians therein" London: T. Fisher Unwin