El pasado 25 de enero, 587 concesiones mineras fueron revocadas y revertidas al Estado por el Ministerio de Minas y Petróleos del Ecuador. La resolución fue tomada a causa del incumplimiento, por parte de las empresas mineras, del pago anual de los derechos de conservación (1 a 16$ por hectárea). Entre las concesiones revocadas se pueden contar dos pertenecientes al proyecto minero de Junín (Intag), propiedad de Ascendant Copper Corporation, las cuales están al origen de un conflicto que desde 2002 opone la dicha empresa a la población local.

Dos días más tarde, el Ministerio de Minas oficializo su decisión de revisar todas las concesiones otorgadas en el país (4112). Así, podrán ser anuladas todas las concesiones que, durante la fase de exploración, no hayan, al 31 diciembre 2007, realizado ninguna inversión, asi como las que no han pagado las patentes de conservación además de las que se encuentran en áreas protegidas. Con esta medida el Gobierno inicia un proceso de reestructuración del sector que incluirá la revisión de la legislación minera, con el objeto de aumentar el control del Estado sobre la minería.

Como por todas partes en América Latina, los años noventa han sido clasificados por Perú bajo el signo de las políticas de liberalización y de privatización que tuvieran por meta el atraer las inversiones extranjeras. La industria minera es entonces considerada como uno de los principales instrumentos de desarrollo económico del país.

En 1999, la empresa minera canadiense Manhattan Minerals Corporation obtiene los derechos de explotación por concesiones de oro en el distrito de Tambogrande (región de Piura), en el norte del país. La población de esta zona (70 mil habitantes, 60 mil hectáreas aproximadamente) la ha transformado, desde la década de 1950, en un oasis en medio del desierto costero peruano. Hoy, ella vive principalmente de la agricultura y no piensa abandonar sus tierras y aceptar la destrucción de su modo de vida.

El 16 de septiembre de 2007, 18 mil campesinos, aproximadamente, participan en el referéndum regional sobre el proyecto de explotación de una mina de cobre a cielo abierto por parte de la empresa china Majaz. El resultado: 90% de la población lo rechaza. Este referéndum fue organizado por los municipios de los distritos de Carmen de la Frontera, Ayabaca y Pacaipampa, situados en la zona agrícola de la región de Piura, cerca de la frontera con Ecuador.

La zona de Intag (1680 km²) corresponde a dos tercios del cantón de Cotacachi, mismo que pertenece a la provincia de Imbabura, situada al noroeste de Ecuador. Esta región, reserva de biodiversidad única en el mundo, es igualmente rica en cobre. Desde la mitad de los años noventa, para preservar su tierra y poder decidir ellos mismos su futuro, los habitantes de Intag hacen frente a las compañías mineras extranjeras. La exploración minera estuvo conducida, en un principio, por una filial de Mitsubishi (Bishi Metals). En 1997, la resistencia de la población obligó a los japoneses a abandonar su proyecto. No obstante, desde 2004 la empresa canadiense Ascendant Cooper Corporation compró la reventa de esas concesiones.

Esquel (Chubut) es una ciudad de la Patagonia argentina amenazada por la construcción de una mina de oro muy próxima a ella (6 km). En marzo de 2003, el 81% de su población se pronuncia en contra el proyecto minero que maneja la empresa transnacional Meridian Gold.