El Proyecto Carajás iniciado durante la dictadura militar cumple tres décadas y ha convertido a Brasil en potencia minera. Movimientos sociales e instituciones eclesiales y de derechos humanos evalúan los impactos cuando la empresa Vale, la segunda minera del mundo, se apresta a duplicar la producción de hierro en los próximos años.
“Es como un viaje en el tiempo”, explica Santiago Machado Aráoz, activista contra la mina de Andalgalá, en Catamarca, cuando se le pregunta sobre la realidad en Piquiá, barrio industrial de Açailandia contaminado por las siderurgias que procesan arrabio a partir del mineral de hierro de Carajás. “Calles empedradas, casas sencillas de madera, el paso ruidoso del tren y el polvo de hierro permanente, forman un paisaje gris de día y de humo rojizo de noche, porque trabajan las 24 horas”.
Santiago fue uno de los centenares de participantes del “Seminario Internacional Carajás 30 Años”, organizado en São Luis, la capital de Maranhão, el estado más pobre de Brasil, por una alianza entre el Movimiento Sin Tierra (MST), la Red Justiça Nos Trilhos (Justicia en las Vías) iniciativa de los Misioneros Combonianos, el Foro Carajás, Cáritas y el Grupo de Estudios de Desarrollo, Modernidad y Medio Ambiente de la Universidad Federal de Maranhão.
El Seminario se realizó entre el 5 y el 9 de mayo con la participación de unas mil personas de varios estados de Brasil y de una decena de países donde hay actividades mineras. Destacaron las ponencias de representantes de organizaciones contra la minería de Argentina, Chile, Perú, México y Colombia, así como activistas de Canadá y Alemania. Se presentó el film del cineasta maranhense Murilo Santos, “La pelea del pueblo contra el dragón de hierro”.
Las críticas al Proyecto Gran Carajás, iniciado en 1982 por la dictadura militar, están focalizadas en la contaminación de las acerías de Piquiá y los daños que provoca el tren que atraviesa más de cien poblados, considerado el mayor emprendimiento ferroviario minero del mundo. A diferencia de lo que sucede ante otros emprendimientos mineros, los daños sociales son destacados por encima incluso de los ambientales, aún tratándose de la selva amazónica, ecosistema sensible y frágil.
Destacó la presencia de afectados por la Vale, campesinos, indígenas y habitantes de pueblos contaminados como Piquiá y Açailandia. La semana culminó con una manifestación desde la universidad hasta el palacio de gobierno en el centro histórico, donde se escucharon fuertes críticas a la gobernadora Roseane Sarney, integrante de una oligarquía local que dispone del estado desde hace muchas décadas.
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