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Intag: Terrorismo de estado

IntagIntag1.- Luego de varios viajes al Ecuador, es la primera vez que estoy personalmente en la zona de Intag. Sus montañas, de una belleza conmovedora y generosidad exuberante, vienen dando que hablar bastante en las últimas décadas. Yo escuché de ellas allá por 2005, cuando empezaba las investigaciones para mi tesis doctoral. Me enteré por entonces de uno de los primeros y más fuertes conflictos provocados por la nueva ola de fiebre mineral que se desató desde la última década del siglo pasado en América Latina. La lucha de las comunidades campesinas de Intag contra la Bishi Metals (empresa minera japonesa ligada al holding de Mitsubishi Corporation) en 1997 y más tarde contra la Ascendant Copper Co. (canadiense) en 2002, sería no sólo una de las pioneras, sino también emblemáticas en la defensa de los sistemas de vida locales, amenazados por las crecientes pretensiones extractivistas. Muchas otras resistencias contra mega-proyectos mineros en la región, se inspirarían más tarde en la valentía de esas comunidades al enfrentar y finalmente expulsar a esas grandes corporaciones, que ya en aquellos años supieron desplegar todo el arsenal de violencia diversificada que les es característico: donaciones y persecuciones, sobornos a líderes locales y dirigentes políticos, agresivas campañas mediáticas prometiendo el “desarrollo” y “nuevos empleos”, y hasta el amedrentamiento y las balas de fuerzas parapoliciales… Nada de eso pudo quebrantar entonces la férrea convicción de esas comunidades; para ellas era claro que ninguna promesa de “desarrollo” y de “oportunidades de enriquecimiento” era siquiera comparable a las riquezas, bellezas y bienestar que ellos ya disfrutaban y cultivaban con sus sistemas de vida. Antes que se transformara en un potente concepto político extendido a lo largo y a lo ancho de Nuestra América, antes de que la cartografía de los imaginarios políticos se viera sacudida por la emergencia de un nuevo horizonte emancipatorio condensado en la voz quecha de Sumaj Kawsay, esas comunidades de Intag ya sabían de qué se trataba el BUEN VIVIR… Ellos viven, practican, cultivan y disfrutan del Buen Vivir. Ya desde entonces, ellos saben que ese Buen Vivir nace y depende de sus montañas; han aprendido, por tanto, muy bien que el “desarrollo” es la principal amenaza, el arma más poderosa que apunta, hoy por hoy, contra el Buen Vivir…

CONGA, La lucha, la mina y las elecciones

Fecha de publicación: 
Martes, 2 Septiembre, 2014
Por: 
Raquel Neyra, activista del movimiento de resistencia contra el proyecto minero Conga, vive en Cajamarca, miembro de la corriente Verde Indigena, ecologista y libertaria de Tierra y Libertad

La resistencia contra el proyecto minero Conga lleva ya casi tres años. El mismo número de años han transcurrido desde que Elmer Campos[i] recibió aquél impacto de  bala que lo dejó paralítico de por vida. El 3 de julio último se cumplieron dos años desde que los 5 mártires de la resistencia fueron asesinados. Las viudas y sus familias viven en la pobreza,  las autoridades no hicieron practicamente nada para apoyarlas. De vez en cuando, particulares o alguna organización intenta mover las cosas y logra un resultado. Por su lado, el gobierno regional que se jacta de apoyar la lucha empleó a algunas de las viudas durante 8 meses ofreciéndoles un pequeño trabajo. Pero no les pagó su sueldo. Una asamblea de la Plataforma Interinstitucional Celendina se vió obligada a redactar un documento exigiendo el pago y amenazando con denunciarlo ante la prensa recordando sus promesas al gobierno regional. Recién entonces el gobierno regional pagó a las viudas.

 Los miembros de la resistencia han subido miles de veces a las lagunas, miles de asambleas se han realizado. Millares de volantes, de panfletos fueron repartidos, miles de artículos y de libros se han escrito, se dictaron decenas de conferencias[i], centenas de manifestaciones fueron organizadas. Aquí y en el extranjero. Centenares de personas provenientes del extranjero llegaron a Cajamarca.

Carajás: minería y colonialismo

El Proyecto Carajás iniciado durante la dictadura militar cumple tres décadas y ha convertido a Brasil en potencia minera. Movimientos sociales e instituciones eclesiales y de derechos humanos evalúan los impactos cuando la empresa Vale, la segunda minera del mundo, se apresta a duplicar la producción de hierro en los próximos años.

“Es como un viaje en el tiempo”, explica Santiago Machado Aráoz, activista contra la mina de Andalgalá, en Catamarca, cuando se le pregunta sobre la realidad en Piquiá, barrio industrial de Açailandia contaminado por las siderurgias que procesan arrabio a partir del mineral de hierro de Carajás. “Calles empedradas, casas sencillas de madera, el paso ruidoso del tren y el polvo de hierro permanente, forman un paisaje gris de día y de humo rojizo de noche, porque trabajan las 24 horas”.

Santiago fue uno de los centenares de participantes del “Seminario Internacional Carajás 30 Años”, organizado en São Luis, la capital de Maranhão, el estado más pobre de Brasil, por una alianza entre el Movimiento Sin Tierra (MST), la Red Justiça Nos Trilhos (Justicia en las Vías) iniciativa de los Misioneros Combonianos, el Foro Carajás, Cáritas y el Grupo de Estudios de Desarrollo, Modernidad y Medio Ambiente de la Universidad Federal de Maranhão.

El Seminario se realizó entre el 5 y el 9 de mayo con la participación de unas mil personas de varios estados de Brasil y de una decena de países donde hay actividades mineras. Destacaron las ponencias de representantes de organizaciones contra la minería de Argentina, Chile, Perú, México y Colombia, así como activistas de Canadá y Alemania. Se presentó el film del cineasta maranhense Murilo Santos, “La pelea del pueblo contra el dragón de hierro”.

Las críticas al Proyecto Gran Carajás, iniciado en 1982 por la dictadura militar, están focalizadas en la contaminación de las acerías de Piquiá y los daños que provoca el tren que atraviesa más de cien poblados, considerado el mayor emprendimiento ferroviario minero del mundo. A diferencia de lo que sucede ante otros emprendimientos mineros, los daños sociales son destacados por encima incluso de los ambientales, aún tratándose de la selva amazónica, ecosistema sensible y frágil.

Destacó la presencia de afectados por la Vale, campesinos, indígenas y habitantes de pueblos contaminados como Piquiá y Açailandia. La semana culminó con una manifestación desde la universidad hasta el palacio de gobierno en el centro histórico, donde se escucharon fuertes críticas a la gobernadora Roseane Sarney, integrante de una oligarquía local que dispone del estado desde hace muchas décadas.

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Un documento revelador expone que habría ocultado información sobre sus avances en masas de hielo sin autorización. Además, infló el valor de mercado del proyecto y dejó un tendal de damnificados que, según una jueza de EE.UU., pueden demandar a la empresa por una cifra millonaria

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Información Grufides

Este 17 de marzo, unos miembros del personal de la empresa minera ingresaron al predio de la familia Chaupe para destruir sus sembríos. La presión psicológica y las amenazas continúan. La familia por supuesto no puede contar con la policía local para hacer respetar sus derechos. A pesar del fallo judicial en su favor, la familia Chaupe sigue necesitando el apoyo de todos.

Nueva violación de los derechos de la familia Chaupe por parte de la minera Yanacocha.

A pesar del fallo de la Corte de Apelación de Cajamarca en su contra, la minera Yanacocha sigue pretendiendo que el predio de la familia Chaupe es su propiedad. No solamente Yanacocha sigue amenazando a la familia y este martes, empleados de la minera, acompañados de efectivos de DINOES, ingresaron al predio de la familia en violación de la ley y destruyeron parte de su vivienda.

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Funan Inauguración de Oficinas de Barrick en Vallenar

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