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Después de Notre Dame des Landes, el mantenimiento del orden público francés se exporta a Cajamarca

Fecha de publicación: 
Domingo, 2 Diciembre, 2012
Por: 
Nato Guachi - ALDEAH

A falta de ser los mejores en la puesta en marcha de una verdadera transición energética, Francia tiene la excelencia en un tema muy particular: el mantenimiento del orden público. Los resistentes de Notre Dame des Landes-Landas lo han podido constatar ellos mismos, que luchan contra un proyecto climaticida.

Los habitantes de Perú, podrían probar pronto este "savoir faire" tricolor del cual se enorgullecen quienes nos gobiernan… El último 5 de noviembre, militares franceses especialistas del orden publico han volado desde Francia hacia ese país andino.

El objetivo del viaje? Formar a la policía peruana en las técnicas de uso gradual de la fuerza…un lindo programa que toma todavía mas realce cuando se sabe que la destinación precisa de esta misión no es otro lugar que Cajamarca.

Esta provincia, ubicada sobre los Andes del norte del Perú es un lugar simbólico para los defensores del medio ambiente: desde hace varios años, la población local lucha contra el proyecto de una multinacional peruano-estado-unídense que prevé explotar, en Conga, cerca de Cajamarca, una gigantesca mina de oro y de cobre.

El desarrollo de este mega proyecto minero tendrá consecuencias incalculables que amenazan gravemente los ecosistemas hídricos de la región, así como el acceso de sus habitantes, al agua potable. Símbolo de la política extractivista en curso en esta parte del mundo conocido por la riqueza de sus subsuelos. Conga es hoy uno de los mayores conflictos socio-ambientales de América Latina. Y, también, uno de los más violentos.

Resumen del veredicto del Tribunal Ético sobre la criminalización de los defensores y defensoras de la naturaleza, el agua y la Pachamama

Este Tribunal responde al llamado de las comunidades, pueblos y organizaciones sociales y no gubernamentales del Ecuador, que debido a la lucha por sus derechos colectivos y los de la naturaleza han sido víctimas por una práctica cada vez más extendida de criminalización y judicialización, alentada por empresas nacionales y transnacionales -particularmente del sector extractivo-, y ejecutada por diferentes autoridades judiciales, policiales, militares y administrativas, así como fuerzas de seguridad privada. 

Somos hereditarios de las experiencias de los Tribunales de Opinión, de los Tribunales de los Pueblos, de las  Comisiones Éticas y de la Verdad y de todas aquellas iniciativas que apelan a la conciencia de la humanidad para juzgar las acciones y omisiones que los Estados, las Empresas y otros agentes privados realizan deliberadamente para quebrantar y contener la legítima reclamación de los derechos humanos y de la naturaleza y que dadas las limitaciones de los sistemas jurídicos nacionales e internacionales, permanecen en la impunidad.

¿Derechos humanos?

El diaguita Javier Chocobar fue asesinado en Tucumán el 12 de octubre de 2009. Sandra Juárez, campesina santiagueña, murió el 13 de marzo de 2010 cuando enfrentaba una topadora. El qom Roberto López fue asesinado el 23 de noviembre cuando la policía de Formosa reprimió un corte de ruta donde se reclamaba por tierras ancestrales. El gobernador Gildo Insfrán es aliado incondicional del Gobierno Nacional. Quizá por eso ningún funcionario del Gobierno cuestionó la represión al pueblo originario. Al contrario: el jueves al mediodía la presidenta Cristina Fernández de Kirchner compartió una videoconferencia con Insfrán, transmitida en directo por Canal 7. Abundaron las sonrisas y felicitaciones por la inauguración de una obra eléctrica. Ninguna mención hubo sobre el asesinato. En ese mismo momento, en la comunidad indígena se daba sepultura a Roberto López y el discurso gubernamental de defensa de los derechos humanos entraba, quizá como nunca antes, en el mundo de la hipocresía.

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Video Asamblea de los Pueblos del Sur, Pangui-Ecuador, contra el extractivismo
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Comunicado BASTA DE REPRESIÓN - carta a los compañeros de Chubut
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Noticia breve ONU: Piden que relator Anaya intervenga en el conflicto sobre Conga
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Comunicado Tú no puedes comprar al sol. Tú no puedes comprar la lluvia. No puedes comprar mi vida. MI TIERRA NO SE VENDE.
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Comunicado Argentina - ley antiterrorista. Comunicado de prensa de las Asambleas de la Rioja Capital
Webform Acción Urgente : Impedir el voto de la ley antiterrorista en Argentina
Comunicado Carta de apoyo de los pobladores de la Provincia de Huaraz, a Victor Rodriguez, miembro de Conacami, por los procesados de Condorwain, Perù.

Brèves

ONU: Piden que relator Anaya intervenga en el conflicto sobre Conga

Servindi, 05 de julio, 2012.- El Pacto de Unidad, que agrupa a las principales organizaciones indígenas del Perú, denunció al Estado peruano por vulnerar los derechos de los pueblos indígenas, a través de comunicaciones remitidas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a James Anaya,  Relator Especial para los derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. 

Ejecutan ley antiterrorista sobre ambientalistas en Catamarca (Argentina)

El fiscal general en la Cámara Federal de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, opinó sobre la aplicación de la Ley Antiterrorista, impulsada y votada por el gobierno de Cristina Fernández.

Represión policial de protesta contra minería deja un muerto en Panamá

Miembros de la comunidad indígena de la etnia de Panamá protestan por la instalación de una mina a cielo abierto, el 27 de febrero en San Félix. Al menos un indígena muerto, un cuartel policial quemado y varios heridos dejaron este domingo en Panamá violentos enfrentamientos entre agentes antimotines y cientos de nativos que bloqueaban desde hace seis días rutas del oeste del país en protesta contra la minería y proyectos hidroeléctricos en sus territorios.

Gobierno argentino promulga ley antiterrorista

El gobierno argentino promulgó este miércoles (28/12) una controvertida ley que permitiría considerar un acto de "terrorismo" desde una manifestación hasta una corrida cambiaria. La norma, sancionada la semana pasada por el Congreso controlado por el oficialismo, fue criticada por juristas, que la consideran anticonstitucional debido a su amplia definición de terrorismo. La ley impone penas de hasta 15 años de cárcel a cualquiera que "aterrorice" a la población u obligue al Estado a abstenerse de realizar un acto.