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ITT YasuniLa Iniciativa Yasuní-ITT, que permite mantener el petróleo bajo tierra en una de las zonas con mayor biodiversidad del planeta a cambio de una compensación financiera internacional; una Constitución que tiene a la ecología como eje transversal y que en su marco normativo presenta un capítulo íntegro sobre los "derechos de la naturaleza"; y la creación de un juzgado con capacidad de sancionar a quienes atenten contra estos derechos, condujeron a pensar que la ecología era un punto de suma importancia para el gobierno del presidente ecuatoriano Rafael Correa.

En este mismo sentido, el concepto de una defensa integral de los derechos humanos junto con los derechos de la naturaleza también llevó a otras instituciones estatales, como la Defensoría del Pueblo, a modificar incluso su nombre: ahora se denomina "Defensoría del Pueblo y de la Naturaleza". Los cambios en esta institución incluyeron además la implementación de espacios específicos para la protección de los derechos de la naturaleza con cobertura nacional.

Hasta aquí las acciones gubernamentales parecían ser coincidentes con el discurso oficial. Sin embargo, pronto empezaron a mostrarse las grietas del discurso con una realidad poco compatible con la ecología.

El plan B en Yasuní

Si bien la Iniciativa Yasuní-ITT, de no extraer el petróleo de los bloques Ishpingo, Tiputini y Tambococha (ITT) dentro del parque nacional Yasuní, y dejarlo bajo tierra a cambio de un sistema de compensación financiera internacional, le dio un baño de popularidad ecológica a Correa, los planes que se adelantan para su explotación son incongruentes con el discurso público. Así, pese a que se llegó a firmar, el pasado 2 de agosto, un acuerdo entre el gobierno y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para establecer un fideicomiso que permitiría canalizar las contribuciones de la comunidad internacional para no explotar el petróleo en Yasuní, apareció en escena el denominado "Plan B" -extracción del petróleo del Yasuní-como la alternativa real que el gobierno maneja. Esto mostró que la negociación de la Iniciativa Yasuní-ITT, incluida la firma del fideicomiso, era un efecto mediático para ganar simpatía y distraer a la! s organizaciones ecologistas y a los indígenas.

En efecto, un comunicado del gerente de Petroamazonas, Oswaldo Madrid, enviado el 30 de junio al Ministro de Recursos No Renovables, Wilson Pastor, sobre los avances dados en el Yasuní para lograr la explotación del petróleo en esta zona, tomó de sorpresa a quienes habían confiado en la oferta presidencial y creían que la Iniciativa Yasuní-ITT era un hecho irreversible.

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