FUNAM INFORMA - Fundación para la defensa del ambiente Córdoba (Argentina), 30 de enero de 2012

El Famatina y la minera que relocalizó 200 viviendas para explotar oro a cielo abierto en Canadá Por Prof. Dr. Raul A. Montenegro, Biólogo Presidente de FUNAM, profesor de Biología Evolutiva en la Universidad Nacional de Córdoba y Premio Nóbel Alternativo 2004 Email: biologomontenegro@gmail.com En el año 2007 las comunidades de Chilecito y Famatina lograron que la empresa Barrick Gold desistiera de iniciar la exploración y explotación de oro en la zona del Famatina. Fue un no comunitario claro y contundente. Sin embargo el gobierno de La Rioja, acompañado por la Nación, decidió ignorar ese hecho histórico. El 31 de agosto de 2011 Energía y Minerales Sociedad del Estado, EMSE, firmó un contrato con la minera Osisko Mining Corporation. Reabrió así unilateralmente las puertas del Famatina. Cuarenta kilómetros cuadrados de ambientes montañosos, únicos y frágiles, quedaron abiertos a la prospección y explotación de metales. El botín, una reserva estimada de 8,97 millones de onzas de oro. Como parte del acuerdo el EMSE recibió de Osisko 500.000 dólares en efectivo. Este mismo organismo debía –como parte del contrato- lograr todos los permisos requeridos “a lo largo de la vida del proyecto”. El gobierno provincial se concedería a sí mismo tales autorizaciones cuando es parte interesada del proyecto. El conflicto de interés no quitó el sueño a los funcionarios que firmaron el contrato. Tampoco parecen haber analizado los conflictivos antecedentes de la empresa Osisko. Después de confirmar reservas de oro importantes en el subsuelo de un área poblada en la localidad de Malartic al noroeste de Québec, en Canadá, Osisko decidió que lo mejor era relocalizar 200 viviendas y 5 instituciones públicas. Este proyecto minero, emblemático de la empresa, tiene previsto operar allí el mayor yacimiento a cielo abierto de Canadá. En una operación inédita Osisko efectuó el traslado entre 2008 y 2009. Creó así un nuevo barrio para poder explotar sin obstáculos su nueva y urbana área de explotación.

Organizaciones y comunidades del Valle de Ocotlán y Sierra Norte :

exigen castigo a la empresa minera Cuzcatlán

demandan desaparición de poderes en San José del Progreso.

A partir de los lamentables sucesos del día 18 de Enero de 2012, agresión en la que perdiera la vida nuestro compañero Bernardo Méndez, la población de San José del Progreso se encuentra severamente lastimada. Para San José del Progreso no hay ley, justicia o poder que pueda contra la empresa minera Cuzcatlán, ya que los agravios cometidos a la población son amparados   por las autoridades municipales y estatales del estado de Oaxaca.

El gobierno estatal pretende desligar la grave problemática suscitada a raíz de la entrada de la empresa minera, y llevarlo al ámbito interno de lucha por el poder municipal, cuando esto no es así.  Manifestamos que la lucha de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO) no ha tenido en ningún momento el objetivo de conseguir algún puesto o cargo político municipal, nuestro planteamiento principal desde principios de 2008 ha sido la cancelación definitiva  del proyecto minero “San José”. Los conflictos sociales y políticos que han terminado con la vida de 3 personas, se deben a la entrada de la empresa minera Cuzcatlán, sin el consentimiento de la población y no por el control y poder del municipio como lo expresan las diferentes instancias del gobierno estatal.

Entrevista con Gustavo Gómez, fiscal Federal de Tucumán: El especialista en Derecho Ambiental destacó los avances en el juicio por las masivas fumigaciones con agrotóxicos en barrio Ituzaingó Anexo.

Dos productores agropecuarios y un piloto de avioneta serán llevados al banquillo por haber fumigado de manera clandestina campos de soja muy cerca de viviendas en barrio Ituzaingó Anexo. Para Gustavo Gómez, fiscal federal general de Tucumán y especialista en derecho ambiental, este juicio que se llevará adelante en febrero, el primero en el país contra productores, será emblemático porque “marcará un antes y un después en materia de contaminación con agrotóxicos”.

Para Gómez, es fundamental que en las causas ambientales haya una condena penal. Asegura que esto ayuda mucho en prevención y que por lo general las acciones con recurso de amparo para frenar ilícitos nunca llegan a buen puerto: “Muchas veces se utiliza la figura del amparo para avanzar en estos casos, pero yo no soy muy partidario de esto porque nuestro país adolece de un serio problema en la administración de Justicia, y muchas veces, nuestros poderes políticos y económicos ni siquiera cumplen con lo que pide la Corte Suprema de Justicia”.