Ayer, 26 de agosto de 2010, los vecinos de Andalgalá, integrantes de la Asamblea el Algarrobo y defensores de la vida, el agua, la tierra y todos los bienes comunes, fuimos demandados en forma indirecta por la empresa minera Agua rica de Yamana gold a través de sus empleados, argumentando que el primero de septiembre no los dejaremos trabajar, por lo que el juez subrogante dr. Alejandro Scidá, quien a su vez es defensor ad- hoc de varios asambleistas en una causa penal por denuncias de la minera, dictó una resolución admitiendo el recurso de amparo en una clara y manifiesta incompatibilidad en el ejercicio de sus funciones y al servicio de minera agua rica y solo aportando pruebas basadas en notas periodísticas (diario la Union y diario el Ancasti), por supuesto que inventadas por ellos mismos.

Pese a esto, la visión que predomina en las negociaciones internacionales sobre el clima recoge los intereses de las empresas contra los y las campesinas. El intento ahora es integrar la agricultura y los suelos al comercio de créditos de carbono, lo cual significaría un nuevo subsidio a las trasnacionales de agronegocios, favoreciendo más a la agricultura industrial y mayor despojo a las formas de vida campesinas. Leer mas »

En Varios autores; La Améroca que queremos - 32 ensayor en defensa de la vida, PNUD, PNUM, Fondo de Cultura Económica, México, 1998.

Algo anda mal en nuestras cuentas: actividades que disminuyen nuestro patrimonio natural aparecen como elementos que incrementan el producto interno bruto.

En la contabilidad de varios países latinoamericanos, la producción petrolera aparece como un indicador de riqueza nacional con cada barril de crudo que se explota se produce un incremento del Producto Interno Bruto (Pib). ¿Es esto tan cierto?

Pensemos, por un momento, en que cada barril reduce la disponibilidad de las reservas petroleras. Algo inquietante, sobre todo si no se "siembra" casa adentro el ingreso generado. Leer mas »

La región sudamericana está siendo atravesada por una nueva generación de conflictos sociales en torno a la defensa de los bienes comunes ante la renovada agresividad de las multinacionales de la minería, los hidrocarburos y el agronegocio. Los más diversos movimientos, en todos los países, han protagonizado enfrentamientos con gobiernos de signos distintos: la resistencia de los indígenas amazónicos frente al gobierno derechista de Alan García en Perú, que tuvo su punto más dramático en la masacre de Bagua un año atrás, ha sido hasta el momento el caso más resonante.
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A la opinión pública nacional e internacional

El pasado lunes 7 de junio la Policía Estatal de Coahuila, al servicio de Industrial Minera México, tomó la mina 8 de Pasta de Conchos y desalojó a los familiares de los mineros que murieron en el siniestro del 19 de febrero del 2006 y que permanecen desde entonces sepultados al interior de la mina. La empresa y las autoridades estatales y federales pretenden concretar el sellamiento de la mina para impedir el rescate de los cuerpos, pero sobre todo pretenden sellar la mina para impedir que se conozca a fondo la verdad sobre esta tragedia. El FAO manifiesta su absoluto rechazo a lo acontecido el 7 de junio y expresa su completa solidaridad para con la Familia Pasta de Conchos, con quienes nos une la búsqueda de la justicia y el fin de la impunidad en México. Nos mantendremos vigilantes de las autoridades federales y estatales, a quienes exigimos el cese inmediato de sus absurdos y torpes actos, que sólo abonan el conflicto en todos los frentes.

Argentina: No a la minaEl máximo tribunal de Jujuy ordenó a los jueces inferiores otorgar un amparo pedido por vecinos de Tilcara contra un proyecto minero por el peligro de la contaminación.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Jujuy, máximo órgano judicial de la provincia, emitió un fallo que sienta precedente en los cuestionamientos sobre la minería a gran escala. Hace hincapié en el principio precautorio -ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable es necesario tomar medidas protectoras- e invierte la carga de la prueba: las poblaciones cercanas a los yacimientos no deberán probar los perjuicios sino que el gobierno y las empresas tienen que aportar pruebas ciertas de que la actividad extractiva no afecta ni afectará el medio ambiente. "La sentencia cambió el paradigma jurídico al introducir el derecho ambiental en la actividad minera", afirmó Alicia Chalabe, abogada patrocinante, y explicó que "existen muchísimas causas en las provincias por la acción negativa de la megaminería, pero siempre los juzgados interponen el Código Minero y no dan cabida al derecho ambiental. El Superior Tribunal de Jujuy, en sus fundamentos, es totalmente innovador y pionero". La medida responde a una apelación de vecinos de Tilcara, que habían presentado un recurso de amparo para frenar el avance de una empresa minera en la Quebrada de Humahuaca. El Tribunal Contencioso Administrativo había rechazado el pedido de los autoconvocados, pero ahora el máximo tribunal de Jujuy cuestionó duramente a los jueces de primera instancia, les ordenó que revean el caso y los instó a "ajustarse a derecho" (tener en cuenta las leyes y jurisprudencia vigente). Leer mas »