Alternativas al desarrollo extractivista y antropocéntrico

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- ¿En qué estado se encuentra actualmente el caso Alumbrera?

- La denuncia penal está abierta; el señor Julián Rooney fue indagado y, como consecuencia de esa indagatoria, no puede salir del país sin autorización del juzgado. Es cierto que la Cámara Federal de Tucumán lo procesó por el delito de contaminación ambiental de modo doloso y que la Cámara de Casación Penal anuló ese procesamiento porque consideró que es prioridad del juez federal decidir si lo procesa o no. En caso de que no lo haga, entonces la Cámara Federal puede hacerlo.

- ¿Podemos entonces afirmar que se trata de un tecnicismo?

- Exacto. La verdad es que la causa no está cerraday no solo está imputado Julián Rooney, sino también el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral -a quien todavía no se le tomó indagatoria- porque estoy convencido de que no puede ignorar la contaminación de la minera.

- ¿Cuáles fueron los fundamentos de la acusación?

-Los datos que surgen del informe de impacto ambiental de la propia empresa señalan que están contaminando, declaran valores por encima de los niveles permitidos por nuestra propia ley ambiental, que es la Ley 24051. No lo decimos nosotros sino que la prueba esencial del delito de contaminación surge del propio informe de impacto ambiental y la propia página de la Secretaría de Minería de la Nación.

-¿Cuál es el organismo responsable de la aprobación de este informe?

-La Secretaría de Minería y la de Ambiente de la provincia. Para ser precisos, ambos organismos no aprobaron los informes, sino que señalaron los excesos que figuraban en ellos. Sobre esa base actuamos nosotros. El fallo de la Cámara Federal, cuando lo procesa a Julián Rooney, justamente hace hincapié en las observaciones realizadas por las secretarías provinciales, que son las encargadas de estas inspecciones. Seguramente usted se pregunta cómo pudo entonces haberse habilitado, y debo contestar que es parte del sistema de corrupción que tenemos aquí: a lo largo de tantos años de trabajar en esta problemática he comprobado que detrás de cada delito ambiental, hay un funcionario corrupto. En este caso específico, aun cuando los valores declarados exceden los permitidos y hay observaciones desde el punto de vista técnico, la empresa puede continuar contaminando sobre la base de una suerte de compromiso de estudiar esos valores. Por eso la acusación es contra el secretario de Minería de la Nación (Jorge Mayoral), entre otros funcionarios.

-¿Me puede dar el ejemplo de algún contaminante en particular?

-Por supuesto. Tomemos el caso del cadmio, que es uno de los metales pesados más tóxicos. La minera comunica, en sus informes de los años 2001 y de 2003, que está liberando un miligramo por litro, cifra que excede los valores permitidos por la ley en 5000, 100 o 50 veces según el agua se use para consumo humano, animal o siembra. El caso del mercurio es similar. En el informe figura que tiran un miligramo por litro y, en el caso de este metal, la proporción es 10 mil veces por encima de lo permitido. Hay que ser claro, estas sustancias afectan severamente el ambiente y la salud de las personas y lo que se está contaminando es un río donde la gente va a tomar agua. A pesar de todo, como se trata de una inversión de más de 1200 millones de dólares, no pasa absolutamente nada con los organismos administrativos ni con los de la propia Secretaría de Minería.

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