Alternativas al desarrollo extractivista y antropocéntrico

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Las políticas de desregulación de la década de los noventa y, principalmente, el proyecto de "Desarrollo minero y de control del medio ambiente", financiado por un préstamo del Banco Mundial y las donaciones extranjeras, facilitaron la instalación de multinacionales. La nueva Ley Minera impuso ciertas condiciones para atraer las "inversiones privadas" y transformó los recursos naturales en objetos de especulación económica.

El estudio de impacto socio-ambiental conducido por la Agencia Japonesa para la Cooperación Internacional (JICA, por sus siglas en inglés) reveló a los habitantes de Intag las consecuencias del proyecto minero: los daños irreparables para el medio ambiente (contaminación de aguas y suelos, deforestación, extinción de especies animales...) y el desplazamiento de entre 100 y 200 familias de 4 comunidades para cederle lugar a la futura mina.

Las comunidades agrícolas del valle se organizaron entonces para resistirse al proyecto minero. En 1997, el desmantelamiento, por parte de los campesinos, del campamento de exploración de Bishi Metals, dio como resultado la retirada de los japoneses. 

Tras la compra de concesiones por Ascendant (2004), la batalla se tornó ruda. La empresa canadiense, por medio de numerosas compañías subcontratistas, ha prometido el "desarrollo" pero también ha multiplicado las amenazas y agresiones, y no escatima los medios necesarios para aplastar la resistencia que la población opone a su proyecto.

En diciembre de 2006, una incursión de paramilitares, contratados por la empresa, resultó un revés para ella misma: fueron secuestrados, interrogados y permanecieron cautivos. La condición de su liberación y las pruebas recolectadas permitieron a los habitantes de Intag obtener del gobierno de Alfredo Palacio la suspensión de actividades de la empresa. La compañía, sin embargo, no se retiró de la zona, pero luego de nuevos incidentes, el gobierno actual de Rafael Correa Delgado le reiteró la suspensión en octubre de 2007 y envió a la policía para proteger a los pobladores.

A pesar de esta segunda victoria el riesgo de la llegada de una nueva empresa en la zona está siempre presente. Por lo menos mientras la Ley Minera no sea modificada y el derecho de los pueblos locales de decidir el tipo de desarrollo que desean para sus regiones no les sea garantizado por el poder central.

Alternativas

Poco después de la partida de los japoneses, Cotacachi se proclamó "cantón ecológico" (2000). Así, una ordenanza del gobierno local promulgó oficialmente la elección de un modelo de desarrollo socialmente más justo y respetuoso del medio ambiente, que las comunidades de Intag habían puesto en práctica desde el inicio de la resistencia. Numerosas alternativas a la mina surgieron desde entonces: ecoturismo solidario, producción de café biológico y comercio justo de productos locales, constitución de reservas forestales comunitarias, protección de cuencas (y microcuencas) hidrográficas, etc. Otros proyectos nacen de esta dinámica, como un periódico escrito por y para los habitantes de Intag, una biblioteca, una radio y, hoy en día, un plan para crear un centro de información que permita a los jóvenes del valle estudiar a distancia.

Para mayores informes:

• DECOIN, Defensa y Conservación Ecológica de Intag (inglés y español) : http://www.decoin.org
• Periódico Intag (inglés y español) : http://intagnewspaper.org/castellano