Responder al comentario

Los Segadores Voluntarios en Francia: el derecho de desobedecer en nombre del principio de precaución

Versión para impresiónVersión para impresiónEnvie a un amigoEnvie a un amigoPDF versionPDF version
Los Segadores Voluntarios se oponen al uso de transgénicos (OGM: Organismos Genéticamente Modificados) en la agricultura y a los patentes del ser vivo artificial. Defienden el derecho a un medio ambiente sano y denuncian los cultivos de plantas transgénicas en campo abierto invocando el principio de precaución. No se oponen al uso de transgénicos en el marco de la investigación científica, pero sí a que las experimentaciones se desarrollen en el campo, al aire libre, lo que podría resultar en la contaminación de parcelas aledañas. Exigen transparencia en la información, y sobre todo, que los estudios realizados sobre cultivos transgénicos sean divulgados al público. El movimiento pasó de una movilización de algunos individuos en 2003 a 7500 personas en la actualidad, militantes de la sociedad civil y representantes de poder público.

Su forma de acción ha sido la desobediencia « cívica » por medio de movilizaciones ciudadanas no violentas consistentes en la destrucción de parcelas de ensayo de cultivos transgénicos en campo abierto y de los cultivos transgénicos comerciales. Hicieron llegar sus protestas a políticos, y algunos de éstos se unieron al movimiento. Francine Bavay pudo dar testimonio de su acción y explicar las razones por las cuales quiso formar parte del movimiento, participando en segas y presentando su tarjeta de visita de representante política (vicepresidenta de la región Ile de France) a la guardia civil. La desobediencia civil (o «cívica», como la designan los Segadores Voluntarios) implica tomar decisiones ilegales en un momento dado, y es importante implicar a las instituciones en este proceso.

Por sus acciones, los Segadores fueron demandados y condenados, y las multas que los diferentes miembros del movimiento deben hoy al Estado alcanzan casi 1,5 millones de euros. A partir de 2008, « el delito de sega » se sanciona con dos años de cárcel y 75000 euros de multa. Sin embargo, se constatan ciertos avances, ya que a principios de 2008 el gobierno ha decidido activar una cláusula de salvaguarda [1] e ha iniciado el proceso de suspensión del cultivo comercial de maíz transgénico Mon 810.

Más informacion: www.monde-solidaire.org

Resumen de la ponencia de Francine Bavay y Guillaume de Crop, Los Segadores Voluntarios, Francia

Extracto de la relatoría del taller "Movimientos socio-ambientales en América latina y Europa: convergencia de las luchas e intercambios de experiencias" organizado por France Amérique Latine (FAL) en el Foro Social Mundial de Belém, el 29 de enero 2009

Vease el texto integro

Notas:

[1] La « cláusula de salvaguarda » permite prohibir provisionalmente el cultivo o la comercialización de un organismo genéticamente modificado, invocando un riesgo en materia de salud y de medio ambiente.

 

Responder

El contenido de este campo se mantiene como privado y no se muestra públicamente.