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Carajás: minería y colonialismo

El Proyecto Carajás iniciado durante la dictadura militar cumple tres décadas y ha convertido a Brasil en potencia minera. Movimientos sociales e instituciones eclesiales y de derechos humanos evalúan los impactos cuando la empresa Vale, la segunda minera del mundo, se apresta a duplicar la producción de hierro en los próximos años.

“Es como un viaje en el tiempo”, explica Santiago Machado Aráoz, activista contra la mina de Andalgalá, en Catamarca, cuando se le pregunta sobre la realidad en Piquiá, barrio industrial de Açailandia contaminado por las siderurgias que procesan arrabio a partir del mineral de hierro de Carajás. “Calles empedradas, casas sencillas de madera, el paso ruidoso del tren y el polvo de hierro permanente, forman un paisaje gris de día y de humo rojizo de noche, porque trabajan las 24 horas”.

Santiago fue uno de los centenares de participantes del “Seminario Internacional Carajás 30 Años”, organizado en São Luis, la capital de Maranhão, el estado más pobre de Brasil, por una alianza entre el Movimiento Sin Tierra (MST), la Red Justiça Nos Trilhos (Justicia en las Vías) iniciativa de los Misioneros Combonianos, el Foro Carajás, Cáritas y el Grupo de Estudios de Desarrollo, Modernidad y Medio Ambiente de la Universidad Federal de Maranhão.

El Seminario se realizó entre el 5 y el 9 de mayo con la participación de unas mil personas de varios estados de Brasil y de una decena de países donde hay actividades mineras. Destacaron las ponencias de representantes de organizaciones contra la minería de Argentina, Chile, Perú, México y Colombia, así como activistas de Canadá y Alemania. Se presentó el film del cineasta maranhense Murilo Santos, “La pelea del pueblo contra el dragón de hierro”.

Las críticas al Proyecto Gran Carajás, iniciado en 1982 por la dictadura militar, están focalizadas en la contaminación de las acerías de Piquiá y los daños que provoca el tren que atraviesa más de cien poblados, considerado el mayor emprendimiento ferroviario minero del mundo. A diferencia de lo que sucede ante otros emprendimientos mineros, los daños sociales son destacados por encima incluso de los ambientales, aún tratándose de la selva amazónica, ecosistema sensible y frágil.

Destacó la presencia de afectados por la Vale, campesinos, indígenas y habitantes de pueblos contaminados como Piquiá y Açailandia. La semana culminó con una manifestación desde la universidad hasta el palacio de gobierno en el centro histórico, donde se escucharon fuertes críticas a la gobernadora Roseane Sarney, integrante de una oligarquía local que dispone del estado desde hace muchas décadas.

Un poco de historia del extractivismo minero

El extractivismo que sustenta el neodesarrollismo de los países dependientes marca por igual tanto las políticas de los gobiernos denominados progresistas (no se sabe muy bien por qué) como las de los llamados conservadores (si por conservadurismo se entiende la defensa por todos los medios del servilismo ante los intereses de la oligarquía local y de las empresas trasnacionales, así como a la política social e internacional que les dicta Washington). La tierra arable uruguaya se llena así de plantaciones de eucaliptos, que alimentan las cada vez más numerosas fábricas productoras de pasta de papel a costa de la producción de alimentos, de los recursos hídricos, del ambiente y del propio turismo, fomentando la despoblación de las zonas rurales y del país mismo. Las estadísticas marcan un aumento grande del PIB pero, en realidad, lo que ganan menos de cinco grandes papeleras y apenas un puñado de terratenientes causa enormes daños a mediano y largo plazo al ambiente y a la economía y, en lo inmediato, condena a la sociedad a la falta de empleo.

La extensión de los cultivos soyeros transgénicos –en Argentina y Brasil, al igual que en el oriente de Bolivia y Paraguay– devora por su parte bosques, tierras cultivables, pueblos, campesinos y mediante la contaminación acaba con los recursos pesqueros, de los bosques, con los provenientes de la cría del ganado o de la siembra de cereales y con los productos agrícolas de uso industrial, como el lino o el algodón. La deforestación, el despoblamiento de enormes zonas del interior, con el consiguiente hacinamiento de sus habitantes en los suburbios de las ciudades, el deterioro de los suelos, de los cursos de agua y las capas freáticas, el encarecimiento de los alimentos básicos cada vez menos abundantes –trigo, maíz, carne, leche, huevos– y su consiguiente impacto sobre el nivel de vida de la población, tampoco son contabilizados por los gobiernos cuando registran el aumento de las exportaciones, de los ingresos en divisas y de lo recaudado en concepto de impuestos.

Patria grande y sojera

Este informe que se acaba de hacer público, pero que MU anticipó en su edición de julio, revela cómo el monocultivo de la soja avanza en Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay, provocando desmontes, concentración de tierras y desalojos. Darío Aranda traza en esta nota la cartografía geopolítica y económica del modelo.

La patria grande sojera está conformada por Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay. Los cinco países cuentan con 47 millones de hectáreas con soja transgénica, pilar del modelo de un modelo más amplio: los agronegocios, con alto consumo de agroquímicos y en el cual las principales beneficiarias son empresas transnacionales del agro. Este modelo, con mayor incidencia del capital concentrado y consecuencias sociales y ambientales, se ejecuta en momentos donde la región tiene gobiernos autodenominados de “izquierda” o “progresistas”.’

Brasil - Tous les contenus

Artículo de prensa Carajás: minería y colonialismo
Video Carajás 30 años - Pelea del pueblo contra el dragón de hierro
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La nueva ley forestal que se está proponiendo en Brasil fue dictada por la industria agraria que quiere deforestar para obtener nuevas superficies de tierras. Su intención: expandir los cultivos de soja, caña de azúcar entre otros y la ganadería para la producción de carne. El 6 de diciembre, 81 senadores votarán sobre las modificaciones a la ley. Más información en http://www.salvalaselva.org

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15-04-10 – Una orden judicial de suspender la licitación de las obras de la central hidroeléctrica de Belo Monte, prevista para el martes próximo (20-04-10) , hizo arreciar hoy la polémica en torno al proyecto del presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, combatido por indígenas y entidades ambientales.
La planta, con potencia de 11.000 megavatios, será la tercera más grande del mundo y, según el Instituto Socioambiental – ISA (Ministerio del Ambiente del Brasil), generará un fuerte impacto negativo sobre los indígenas y las poblaciones ribereñas que viven a orillas del río Xingú, además de afectar el equilibrió ecológico en la región amazónica vecina al municipio de Altamira, en el estado de Pará
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