
El sábado 5 de junio, día mundial del medio ambiente, el gobierno peruano lanzó un ataque armado de una extrema violencia contra los pueblos indígenas de la Amazonia peruana, para desalojarlos de la carretera Fernando Belaunde Terry en la provincia de Bagua, departamento de Amazonas, donde se habían instalado en signo de protesta frente a la negativa del gobierno de dialogar sobre sus demandas en relación a la anulación de 11 decretos legislativos que atentan contra sus derechos y el medio ambiente.
El resultado fue: 23 policías fallecidos, un desaparecido, y un número importante de personas de las comunidades indígenas, cuya cifra exacta es sujeto de controversia, pues si bien el gobierno reconoce 9 personas fallecidas, una investigación de la asociación de derechos humanos APRODEH habla de 60 desaparecidos. Los testigos de esta tragedia hablan de numerosos cadáveres incinerados y arrojados a los ríos desde helicópteros, así como de fosas comunas. 300 miembros de las comunidades indígenas no habían regresado a sus pueblos después de los hechos del 5 de junio, ¿donde estarán? Toda clase de hipótesis circulan. El Relator de la ONU que se desplazó a Bagua ha recogido estos testimonios.