Las empresas forestales no plantan bosques. A diferencia de cualquier bosque nativo, y aun más de las selvas tropicales húmedas y sus ecosistemas complejos, las grandes plantaciones forestales, interminables y rectas hileras de pino o de eucalipto, no poseen ninguna fauna ni flora no poseen ninguna fauna ni flora aparte de las plantadas por el hombre. Son un cultivo como cualquier otro, "cosechado" cada 5 o 6 anos.

Frente al agotamiento de los "recursos forestales" y una reglamentación ambiental estricta en los países del Norte, las empresas madereras y papeleras trasladan su "desierto verde" a los países del Sur. Allí, todas las condiciones están reunidas para favorecer la instalación de estas compañías. En Chile por ejemplo, las empresas forestales recuperan 75% de la inversión inicial realizada en una plantación bajo la forma de subvenciones. Estas subvenciones son del orden del 50% en países como Uruguay, Paraguay o Argentina, donde las empresas no están sometidas al impuesto.

Esta lógica, que pretende atraer inversiones extranjeras y promover productos de exportación, no toma en cuenta las consecuencias a mediano y largo plazo de los monocultivos extensivos de especies no nativas (principalmente pino, eucalipto y acacia). Realizados según el modelo de la revolución verde, en las tierras agrícolas o de bosques nativos, estos destruyen los ecosistemas locales, impactan las capas freáticas, provocan la erosión de los suelos, y contaminan agua y suelo por el uso de productos agroquímicos.

En el cantón Cotacachi (Imbabura - Ecuador), tanto la resistencia a la industria minera como la creación de alternativas a esta, han encontrado un terreno de expresión a nivel del gobierno local.  El dirigente indígena, Auki Tituaña, electo por primera vez en 1996 (y reelecto en el 2000 y 2004), llegó a la cabeza del distrito con un programa enfocando la promoción « intercultural y la participación popular en la gestión de los asuntos locales.

Para alcanzar este objetivo, ha sido creada la Asamblea de Unidad Cantonal. La instancia de reflexión, planificación y seguimiento, la cual cuenta con 6 comités temáticos, reúne a los representantes de la sociedad civil según los principios de paridad entre los hombres y las mujeres y entre los residentes de los tres territorios que constituyen el distrito (zona andina, Intag y zona urbana).  Es en el seno de la Asamblea que son discutidos los diferentes polos de desarrollo del distrito, y su presupuesto.

Varias alternativas de ecoturismo comunitario permiten que los viajeros descubran los tesoros de la cordillera del Toisan y que constaten por ellos mismos que la explotación de recursos naturales no es la única opción para el futuro de esta región. Entre éstas, el proyecto ecoturístico de Junín es, probablemente, el más emblemático: situado en la más grande reserva comunitaria de Intag, muy cerca de las concesiones que pertenecen hoy en día a la empresa canadiense Ascendant Cooper Corporation, él representa, para las dos comunidades que están a cargo de él, una alternativa directa al desarrollo minero de la zona.

Pasar una temporada en Junín es entonces, también, apoyar a los habitantes en su lucha contra el proyecto de construcción de una mina de cobre a cielo abierto que forzaría el desplazamiento de entre 100 y 200 familias y destruiría el pueblo.

El pasado 25 de enero, 587 concesiones mineras fueron revocadas y revertidas al Estado por el Ministerio de Minas y Petróleos del Ecuador. La resolución fue tomada a causa del incumplimiento, por parte de las empresas mineras, del pago anual de los derechos de conservación (1 a 16$ por hectárea). Entre las concesiones revocadas se pueden contar dos pertenecientes al proyecto minero de Junín (Intag), propiedad de Ascendant Copper Corporation, las cuales están al origen de un conflicto que desde 2002 opone la dicha empresa a la población local.

Dos días más tarde, el Ministerio de Minas oficializo su decisión de revisar todas las concesiones otorgadas en el país (4112). Así, podrán ser anuladas todas las concesiones que, durante la fase de exploración, no hayan, al 31 diciembre 2007, realizado ninguna inversión, asi como las que no han pagado las patentes de conservación además de las que se encuentran en áreas protegidas. Con esta medida el Gobierno inicia un proceso de reestructuración del sector que incluirá la revisión de la legislación minera, con el objeto de aumentar el control del Estado sobre la minería.

Como por todas partes en América Latina, los años noventa han sido clasificados por Perú bajo el signo de las políticas de liberalización y de privatización que tuvieran por meta el atraer las inversiones extranjeras. La industria minera es entonces considerada como uno de los principales instrumentos de desarrollo económico del país.

En 1999, la empresa minera canadiense Manhattan Minerals Corporation obtiene los derechos de explotación por concesiones de oro en el distrito de Tambogrande (región de Piura), en el norte del país. La población de esta zona (70 mil habitantes, 60 mil hectáreas aproximadamente) la ha transformado, desde la década de 1950, en un oasis en medio del desierto costero peruano. Hoy, ella vive principalmente de la agricultura y no piensa abandonar sus tierras y aceptar la destrucción de su modo de vida.

El 16 de septiembre de 2007, 18 mil campesinos, aproximadamente, participan en el referéndum regional sobre el proyecto de explotación de una mina de cobre a cielo abierto por parte de la empresa china Majaz. El resultado: 90% de la población lo rechaza. Este referéndum fue organizado por los municipios de los distritos de Carmen de la Frontera, Ayabaca y Pacaipampa, situados en la zona agrícola de la región de Piura, cerca de la frontera con Ecuador.

La zona de Intag (1680 km²) corresponde a dos tercios del cantón de Cotacachi, mismo que pertenece a la provincia de Imbabura, situada al noroeste de Ecuador. Esta región, reserva de biodiversidad única en el mundo, es igualmente rica en cobre. Desde la mitad de los años noventa, para preservar su tierra y poder decidir ellos mismos su futuro, los habitantes de Intag hacen frente a las compañías mineras extranjeras. La exploración minera estuvo conducida, en un principio, por una filial de Mitsubishi (Bishi Metals). En 1997, la resistencia de la población obligó a los japoneses a abandonar su proyecto. No obstante, desde 2004 la empresa canadiense Ascendant Cooper Corporation compró la reventa de esas concesiones.

En mayo de 2003 se abre en Ecuador el "proceso medio ambiental del siglo" contra la compañía petrolera estadounidense Chevron-Texaco. Una docena de comunidades sufren, hasta esos días, las consecuencias de la contaminación generada por las actividades de la empresa petrolera en la selva amazónica. En 28 años de presencia, Texaco ha contaminado una vasta zona del territorio nacional, arrojando desechos tóxicos y "aguas de formación" (aguas utilizadas en el proceso de explotación petrolera) en los esteros de los ríos utilizados por más de 30 000 personas como fuente de agua potable, de irrigación y de pesca. La contaminación a gran escala de aguas y suelos tiene consecuencias catastróficas para la salud de las poblaciones de la zona, donde las tasas registradas de cáncer, leucemia, problemas digestivos y respiratorios son sensiblemente superiores a las del resto del país. Muchas personas han debido abandonar sus tierras; quienes permanecen, no tienen otra opción que consumir un agua con sabor a petróleo y cultivar tierras envenenadas.

Esquel (Chubut) es una ciudad de la Patagonia argentina amenazada por la construcción de una mina de oro muy próxima a ella (6 km). En marzo de 2003, el 81% de su población se pronuncia en contra el proyecto minero que maneja la empresa transnacional Meridian Gold.