La denuncia
La demanda fue promovida por los geólogos tucumanos Guillermo Amilcar Vergara y Miguel Gianfrancisco, quienes mediante la realización de un estudio sobre metalogénesis llegaron a comprobar que Minera Alumbrera solamente declara, para su tributación, la exportación de oro, cobre y molibdeno, pero omite informar sobre la extracción y venta al exterior de importantes cantidades de una lista de casi 50 minerales de alto valor económico, entre ellos: escandio, titanio, cromo, cobalto, cesio y uranio.
De acuerdo a la demanda de los profesionales, con la exportación no declarada de esos metales se estaría consumando una evasión de más 8.000 millones de dólares por año.
Para llegar a esa cifra, los licenciados Vergara y Gianfrancisco realizaron un cálculo sobre las cantidades vendidas al exterior, el precio en dólares por gramo de cada uno de los mencionados minerales y el tributo que deberían haber ingresado al Estado Nacional, a Catamarca y al YMAD.
En su planteo, los geólogos recordaron que el Código de Minería de la Nación establece que los primeros cinco años la firma minera estaba libre de impuestos, por lo que la evasión impositiva real estimada abarca, hasta comienzos de 2010, (que es cuando se concretó la demanda) siete años. A partir de dichas consideración, el monto del fraude - evasión ascendería a más de 40.000 millones de dólares.
¿Qué hizo la Justicia?
La demanda, presentada el 16 de febrero de 2010, fue recibida por el fiscal federal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, quien, luego de recabar información, en base a otros planteos, amplió la denuncia, dándole un fuerte impulso a la causa.
Sin embargo, por disposición del procurador general de la Nación, Esteban Righi, Gómez dejó las actuaciones en poder de la Fiscalía Federal Número I, a cargo de Emilio Ferrer. Como este último renunció el pasado 31 de octubre para acogerse al beneficio de la jubilación con el 82 por ciento móvil, la investigación volvió a cambiar de manos y llegó al titular de la Fiscalía Número II, Carlos Brito, quien a su vez está a cargo interinamente del despacho que dejó vacante Ferrer.
La última movilización importante que tuvo la causa ocurrió en mayo del año pasado, cuando el entonces fiscal Ferrer se acercó hasta la minera, muñido de una orden judicial firmada por Bejas y acompañado por personal de Gendarmería Nacional. Debía tomar muestras de las rocas que exporta la empresa para analizarlas y determinar si la denuncia tenía algún grado de certeza. Pero la negativa de las autoridades de la minera "impidió que se cumpliera con el procedimiento", reconoció una fuente cercana a la investigación.
Seguir leyendo éste artículo en elsigloweb
Commentaires