Declaración de apoyo al gobierno ecuatoriano (contra la empresa brasileña Odebrecht)


Frente a la controversia existente entre el gobierno ecuatoriano y la empresa brasileña Odebrecht, nosotros, organizaciones de la sociedad civil latino americana abajo firmantes, manifestamos nuestro apoyo a la iniciativa soberana del presidente Rafael Correa de responsabilizar a la empresa por los malos servicios prestados aquel país, especialmente en relación a la Usina Hidroeléctrica de San Francisco. Consideramos también legítima la demanda por una justa reparación de Odebretch por las pérdidas causadas por este emprendimiento, financiado con recursos públicos de ciudadanas y ciudadanos brasileños, a través del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES).

Entendemos que las acciones adoptadas recientemente por el gobierno de Ecuador buscan incidir no sólo sobre los graves impactos causados por los problemas de la mencionada hidroeléctrica (la segunda mayor usina del país, paralizada desde junio a causa del desmoronamiento parcial de un túnel y por el desgaste prematuro de las ruedas de las turbinas). Tras varios intentos de negociar con la empresa, la adopción de estas acciones se ubica en el marco de un proceso histórico de irregularidades en licitaciones, acusaciones de corrupción a gobiernos anteriores y desatención de los consumidores de estos servicios, como afirman el gobierno de Correa, sobre la base del informe de la Comisión de Auditoria Oficial del Crédito Público de Ecuador, organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana y parte de la opinión pública de aquel país.

No se trata de un caso aislado en que la "responsabilidad social" de Odebrecht es puesta a prueba. Esta misma compañía era la responsable de la construcción del línea 4 - amarilla del metro de San Pablo cuando, el 12 de enero de 2007, ocurrió el mayor accidente de la historia del metro de San Pablo, causando la muerte de siete personas y dejando varios heridos. El Complejo Hidroeléctrico del Río Madeira, en el estado brasileño de Rondonia, es otro ejemplo de la indiferencia de Odebrecht hacia las poblaciones locales. Pese a los severos e irreversibles impactos socioambientales que ocurrirán como consecuencia de este mega-proyecto, la búsqueda desenfrenada de beneficios económicos es puesta por encima de los derechos humanos.

Apoyamos la propuesta del gobierno de Ecuador de interrumpir las actividades de Odebrecht y suspender el pago de la obra, hasta que todos los hechos sean aclarados. La ausencia de transparencia en esta operación financiera, realizada con recursos públicos, compromete la capacidad de la sociedad de evaluar el caso con claridad. Por esta razón solicitamos al gobierno brasileño, y en especial al BNDES, que aclaren de inmediato los detalles de esta operación de financiamiento a las actividades de Odebrecht en Ecuador.

Que estas acciones sirvan de ejemplo para las grandes empresas que muchas veces no desarrollan suficientes estudios técnicos sobre los impactos socioambientales de sus mega-proyectos; para el BNDES, que continua invirtiendo la mayor parte de sus recursos - dinero de los contribuyentes - en mega-proyectos realizados por grandes empresas que profundizan la injusticia social; y también para los gobernantes de toda América del Sur, elegidos para cumplir las leyes de sus países, aunque esto signifique contradecir los intereses económicos de las grandes empresas transnacionales.

Brasilia, 27 de setiembre de 2008.

Firman:

Assembléia Popular-Rio de Janeiro
Associação Brasileira de ONG's (ABONG)
Associação Nossa América- Rio de Janeiro
Attac Brasil
Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase)
Instituto de Estudos Sócio Econômicos (Inesc)
Instituto Ipanema
Instituto de Políticas Alternativas para o Cone Sul (Pacs)
Jubileu Sul Brasil
Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB)
Movimento dos Sem Terra (MST)
Rede Brasil sobre Instituições Financeiras Multilaterais